Luego de la promesa de Nicolás Maduro, técnicos venezolanos recorrieron el Astillero Río Santiago
A principios de noviembre, Nicolás Maduro se comprometió a invertir para que el Astillero Naval Río Santiago, ubicado en la localidad costera de Ensenada, culminara los trabajos en dos buques de la petrolera PDVSA de Venezuela. Se trata de las embarcaciones Eva Perón, que se encuentra en etapa de finalización, y Juana Azurduy, en proceso intermedio.
Ahora, en el marco de esa tratativa con ese país promovida por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), un grupo de técnicos venezolanos vinculados a la petrolera y a la CBST visitó las instalaciones de la naviera para observar el estado de avance de los buques.
Fredy Ramírez, de la dirección ejecutiva de seguridad ocupacional e industrial de PDVSA, señaló que el viaje tuvo que ver con «observar las condiciones en la que se encuentran los proyectos, para así elaborar un plan viable para que los buques estén terminados lo más pronto posible». En tanto, Nelson Tellerías, de la CBST, agregó: «Hemos cumplido el propósito de llegar al Astillero y observar la situación del ARS y de los buques tal cual la orden impresa de nuestro presidente Maduro».
«Necesitamos terminar las embarcaciones e iniciar una nueva etapa en el ARS que tenga que ver con recuperar la industria naval y la soberanía de nuestros mares», sostuvo, por su parte, el titular de ATE provincia, Oscar de Isasi.
«Siempre estaremos bregando por mayor inversión en seguridad laboral y tecnología, y por la continuidad laboral de la mano de obra calificada que es orgullo en la región. Queda reunirnos con el gobernador (Axel) Kicillof para avanzar en lo concreto», agregó el líder gremial.
En la comitiva de venezolanos que arribaron en los últimos días a Argentina para participar del Congreso Extraordinario 2019 de la CTA Autónoma venían los funcionarios Will Rangel y Jacobo Torres, quienes tenían prohibido ingresar al país y fueron expulsados por el Gobierno nacional.
«Los dirigentes que sufrieron este atropello no cuentan con ningún requerimiento judicial y cumplieron con todas las normas migratorias, por lo que el Gobierno argentino cometió una arbitrariedad que contradice el respeto más elemental de un Estado de Derecho», denunciaron en ATE sobre la deportación.
