El Gobierno quiere apurar la expulsión de los extranjeros que delinquen

 

En el comienzo del año electoral el Gobierno impulsa una fuerte agenda para luchar contra la inseguridad, una de las principales preocupaciones de la sociedad. Una de las medidas será la de apurar la expulsión de los extranjeros que delinquen o que entraron de forma ilegal al país. Para eso el oficialismo negocia con el peronismo un proyecto para endurecer la Ley de Migraciones, que incluye la creación de un Fuero Migratorio y una unidad de búsqueda de delincuentes extranjeros.

En paralelo avanza con la compra de 300 pistolas Taser, armas no letales, que en principio se usarán para combatir el delito en estaciones de trenes y aeropuertos. Además enviaría en febrero al Congreso un proyecto para bajar a 15 años la edad de imputabilidad para quienes cometan delitos graves, con el objetivo de que la iniciativa se trate en el período de sesiones extraordinarias.

Migraciones tiene una lista de mil extranjeros que podrían ser expulsados, integrada por 354 que tienen antecedentes penales o que entraron ilegalmente al país, sumado a la nómina de 618 que presentará ante la Justicia para pedir que sean «retenidos» para luego poder deportarlos. En esta línea se crearía una unidad de búsqueda de extranjeros, con una lista que se actualizaría periódicamente.

Poco menos de dos años atrás el Ejecutivo oficializó cambios en la Ley de Migraciones que endurecieron las condiciones para los extranjeros que quieran entrar al país. Por ejemplo, prohibió el ingreso a quienes tengan antecedentes penales en su país de origen y modificó los plazos para acelerar los procesos de expulsión. Pero el DNU fue declarado inconstitucional, por lo que el Gobierno presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá definir al respecto.

Otra de las iniciativas oficiales es la creación de un Fuero Migratorio para agilizar la expulsión de los extranjeros que delinquen o entraron ilegalmente al país. El proyecto Incluye la creación de una Cámara Nacional Migratoria, que entre otras cuestiones sentaría jurisprudencia para los juzgados de primera instancia, lo que acortaría los plazos para las deportaciones.