La Plata: IOMA reintegrará cobros indebidos de médicos

 

 

A raíz de la polémica desatada semanas atrás por el cobro de un extra de $1.000 por paciente en concepto de «gastos operativos» en varios centros de salud de la ciudad, el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) confirmó en las últimas horas que reintegrará las sumas abonadas por sus beneficiarios y avanzará en sanciones contra los médicos que aplicaron recargos en el marco de los llamados Gastos Operativos de Consultorio (GOC).

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires habilitó a los profesionales que así lo desearan a exigir el pago de un canon extra a sus pacientes a través de la Resolución N° 1033/2022 y desató una fuerte polémica. «Desde nuestro punto de vista constituye una inadecuación a la ley, excede las facultades del Colegio la regulación del precio, ni siquiera de los honorarios. La ley del Colegio dice que, a lo sumo, tiene la facultad de proponer al Ejecutivo aranceles, no fijarlos», señaló al respecto el miembro del directorio de IOMA, Mariano Cardelli, quien subrayó que se trata de «gastos fuera de la ley».

En diálogo con FM Cielo, el funcionario explicó que ese monto extra ya se aplica en numerosos consultorios y viene siendo abonado por una gran cantidad de pacientes sobre el bono de consulta de la obra social. La resolución en cuestión justifica la aplicación del GOC en que «los profesionales que ejercen la medicina soportan continuos incrementos en los costos operativos derivados a la atención que resultan ajenos al acto médico».

No obstante, Cardelli remarcó la ilegalidad de la medida e insistió en que «no hay que pensar si IOMA lo va a reintegrar, sino que no lo deben cobrar». Por ello, pidió además que los beneficiarios de la obra social exijan la factura de dicho cobro, para que el monto pueda ser reintegrado y, a la vez, descontado del pago dirigido a los profesionales.

«Todos queremos ganar más dinero, pero otra cosa es pasar por encima de la ley», ironizó el funcionario y confirmó que «ya se está trabajando con el Ministerio de Salud (bonaerense), que es la autoridad de aplicación» porque pese a que «en este momento no hay una acción judicial, puede llegar a eso para evitar que se les siga cobrando porque estamos en violación del derecho a la salud».